Noriega Files: la pelea por los archivos de inteligencia

Durante la Invasión, soldados norteamericanos incautaron miles de documentos de inteligencia. Papeles, fotos, videos, informes, certificados médicos o de transferencias bancarias, se esconden en algún rincón de Estados Unidos. ¿Podrá Panamá recuperar esa memoria?

Por Eliana Morales

Parte de la historia de Panamá desde principio de 1960 y hasta 1989, aparentemente duerme en un frío almacén militar en Albany Georgia, una población ubicada en el centro de Estados Unidos. Se trata de alrededor de 15 mil documentos que reposan en 9 mil cajas que el Ejército norteamericano se llevó durante la Invasión del 20 de diciembre de 1989 que derrocó a Manuel Antonio Noriega. Los papeles fueron recolectados de algunas de las propiedades de Noriega y de sus oficinas. Los soldados gringos revisaron todo, y empacaron sin discriminar. Escarbaron en la casa de El Golf, en la finca de Río Hato, en el edificio número 8 en Fuerte Amador, y en las oficinas donde operaba el militar, particularmente en la que era su guarida, el Cuartel Central.

De acuerdo con documentos desclasificados en Estados Unidos, en los archivos hay material sensitivo no sólo de ciudadanos panameños, sino de personas de países vecinos como Costa Rica y Colombia.

De todo. Invitaciones para viajar a otras naciones, boletos de depósitos bancarios por cientos de miles de dólares, telegramas recibidos por el hombre fuerte de Panamá, documentos provenientes de Francia, Japón, Libia e Israel, varios de ellos para entrenamiento militar, y expedientes donde se ordenaba reducir rangos en las Fuerzas de Defensas. También hay fotos de cargamento de drogas en aviones, archivos de investigación de Interpol, papeles del otrora temido Departamento Nacional de Investigaciones (DENI), disquetes, videos, recortes de periódicos, registros de presos, y de personas bajo investigación.

Panamá
Cuando Estados Unidos avanzó sobre los edificios de las Fuerzas de Defensa para arrasarlos, tomó todos los documentos que encontró.

En las cajas también existen notas con planes estratégicos para defender a Panamá en caso de un ataque estadounidense, e incluso material que podría cruzar la frontera a lo macabro. Por ejemplo, fotos del cuerpo torturado de líder revolucionario Floyd Wendell Britton Morrison, información sobre Jorge Tulio Medrano, quien en enero de 1970 secuestró un avión de la ruta Panamá-Bocas del Toro y fue ultimado por las fuerzas militares; sobre personas asesinadas y otras involucradas en tráfico de drogas y contrabando, y documentos recopilados sobre el asesinato del expresidente panameño José Ramón Cantera.

Los sumarios con el listado de los contenidos de las cajas, las mudanzas del material de un estado a otro y las discusiones a lo interno de agencias estadounidenses sobre la propiedad de esos archivos, forma parte de los documentos publicados en Panamá Files, una plataforma periodística desarrollada por el colectivo de periodistas Concolón. El primer capítulo del proyecto reúne, a pocos días de cumplirse 30 años de la Invasión, cientos de documentos desclasificados en Estados Unidos como resultado de una alianza entre Concolón, la Comisión 20 de diciembre de 1989 y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington (Estados Unidos).

Un inventario de los documentos capturados en Panamá, publicado en 1991.comic

 

Los documentos indican que el Ejército gringo también se llevó mucha información personal de Noriega y de sus familiares. Pasaportes, fotos, detalles de cuentas bancarias, registros médicos, y hasta cinco millones de dólares en efectivo. Un inventario de enero de 1990, sobre lo recolectado en la casa de Noriega en El Golf, da cuenta de seis tarjetas de crédito, entre ellas una Gold American Express, y de registros de depósitos en la Caja de Ahorros a nombre de su hija Thays Noriega por 679 mil, 656 mil y 21 mil dólares. Otras transacciones bancarias, también a través de la Caja de Ahorros a nombre de Nilza Doris Aparicio, por 105 mil, 98 mil, 70 mil, 21 mil, 10 mil y 7 mil dólares, figuran en los registros. Incluso mencionan una tarjeta con la orden Rosa Cruz de Noriega, y una carta donde un médico de nombre Manuel Pereira certifica que el militar no tiene SIDA (ver aquí).

Registros de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y hasta certificados médicos: el contenido de las cajas de Noriega.

 

Los papeles se sumieron en el olvido por lo menos durante 10 años. Un episodio digno de una novela de misterio los sacó a la luz pública. En 2012, un comandante del Ejército Sur de Estados Unidos recibió una de cuenta de cobro por 64 mil dólares de parte de un archivero de Georgia. El bibliotecario exigía el pago atrasado de 10 años de la custodia de los documentos panameños. Habrían llegado a Georgia a mediados de la década de 1990, porque al comienzo estuvieron en un depósito en Corozal, aquí en Panamá. Pero entre 1990 y 1991 la DIA envió un equipo de personas a Panamá para explorar su contenido (ver aquí).

 

Parte de la historia de los archivos incautados por Estados Unidos durante la Invasión a Panamá.

Sin embargo, antes de ese capítulo los archivos de Noriega estuvieron envueltos en una madeja de trámites legales en las que participaron abogados, militares, jueces, y hasta las máximas figuras del gobierno de Panamá. Todo ocurrió en los primeros meses después de la invasión, y cuando Estados Unidos se preparaba para juzgar a Noriega.

Frank Rubino y Steven Kollin, dos de los abogados del dictador, solicitaron más de una vez ante un tribunal de Florida que les devolviera los documentos. En una oportunidad alegaron que durante la Invasión “un grupo de soldados del Ejército de los Estados Unidos irrumpió ilegalmente en la residencia personal del general Manuel Antonio Noriega y en su oficina en la comandancia”. Este grupo, dijeron, fue dirigido por el teniente coronel Terry Jones y además de saquear la residencia de Noriega, robó “numerosos artículos” personales de la familia. Decían que el hermano teniente Jones ahora usufructuaba con ellos: vendía tarjetas personales de Noriega a coleccionistas (ver aquí).

El argumento no convenció a las autoridades. El fiscal Michael Sullivan tildó las acusaciones de “vagas y erróneas” y defendió al teniente Jones, a quien Noriega había identificado en el juicio como la persona que había dirigido la redada: “Es especialista público y nunca dirigió ninguna redada”, sostuvo.

En otra carta de agosto de 1990, el juez federal William Hoelever sostiene que se había llegado a un acuerdo con el vicepresidente de Panamá para ceder la custodia de los documentos incautados durante la acción militar. Hoelever evitó precisar de cuál de los dos vicepresidentes de la época hablaba, si Ricardo Arias Calderón o Guillermo “Billy” Ford. Sí dijo que si bien el acuerdo no especificaba una fecha para la transferencia, el gobierno de Estados Unidos estaba dispuesto a establecer un cronograma y entregar “ciertos artículos” en respeto a la soberanía panameña.

Un reporte del 16 de enero de 1990, cuando aún los norteamericanos controlaban la vida en la ciudad de Panamá.

En 2001, la Comisión de la Verdad creada por la expresidenta Mireya Moscoso para esclarecer los crímenes de la dictadura, solicitó al Departamento de Estado de Estados Unidos información de esos archivos que pudieran dar pistas de 98 ciudadanos asesinadas y desaparecidas entre 1968 y 1989. No tuvieron suerte. La respuesta fue que los papeles estaban en manos del Ejército y si querían acceder a ellos, tendrían que hacer una solicitud de acceso a la información (FOIA, por sus siglas en inglés). Se desconoce qué pasó después, pero el abogado Alberto Almanza, quien formó parte de la Comisión de la Verdad, confirmó que tramitaron la petición.

¿Vendrán algún día esos papeles a Panamá? Douglas Cox, un historiador que le ha dado amplio seguimiento al tema, se pregunta qué debe hacer Estados Unidos con las cajas y quién es el propietario: si Estados Unidos, que les dio mantenimiento, o Panamá, de donde salió la documentación.

Desde la Embajada de Estados Unidos en Panamá aseguraron que quieren darle un giro a la historia. Consultados para esta publicación por el colectivo de periodistas Concolón, dijeron: “Esperamos regresar los documentos retenidos durante la Operación Causa Justa. Nos interesa ver estos documentos en manos panameñas pues los documentos le pertenecen a Panamá”.

En el ensayo “Los archivos perdidos perdidos de Noriega”, el historiador Cox dice que hay que compartirlos: son cruciales a la memoria, la cultura y los derechos humanos de Panamá. En ellos, puede estar la respuesta de miles de preguntas sin resolver.

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